San Pedro Sula, Honduras.

En medio del aumento de casos en los que numerosos hondureños están siendo víctimas de extorsión, se ha detectado un patrón preocupante: individuos que amenazan con revelar contenido íntimo que fue enviado en el pasado. Ante este problema, la Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos para localizar a los responsables de compartir material grafico sexual a través de plataformas como TelegramaWhatsApp y otros espacios.

En entrevista exclusiva concedida a LA PRENSA Premium, un alto funcionario policial de la Unidad de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación de la Policía de Honduras (DPI) Interpol compartió detalles sobre su trabajo en la investigación de estos casos.

“Estamos tratando con individuos que obtienen beneficios económicos mediante la distribución de material explícito. Por lo tanto, trabajamos estrechamente con la Fiscalía para llevar a cabo procedimientos judiciales contra estos perpetradores”, declaró el oficial, cuya identidad real se reserva por razones de seguridad.

La Unidad de Delitos Informáticos es plenamente consciente de que se trata de personas altamente capacitadas. Este grupo heterogéneo incluye desde abogados, médicos y especialistas en marketing, hasta policías y expertos en ciberseguridad.

Además, no se debe subestimar la participación de personas con diversos niveles de educación, quienes si bien no cuentan con un alto nivel académico, ayudan en la cadena de distribución de este contenido nocivo.

“Hemos sido parte de casos de impacto, por ejemplo, en un operativo con apoyo internacional encontramos que un abogado guardaba un sin fin de material ilegal, y terminó quitándose la vida en un penal”, recordó con recelo. El investigador dejó entrever la posibilidad de que varios de sus agentes estén actualmente infiltrados en estos grupos, realizando un registro exhaustivo de los números de teléfono que introducen habitualmente.

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Advirtió que “nada es completamente seguro” desde el punto de vista informático, ya que existen herramientas disponibles para evadir los sistemas de seguridad. Detalló que, según su experiencia, estos grupos criminales suelen contar con un importante respaldo financiero, contratan ingenieros especializados para garantizar la seguridad de sus comunicaciones y establecen una sofisticada red de apoyo. Todo indica que estos canales están siendo gestionados mayoritariamente por bandas independientes, tanto a nivel local como internacional.

en la lupa

La pandemia exacerbó esta situación; El factor de ingeniería social ha facilitado que los delincuentes lleven a cabo sus ataques utilizando métodos y medios electrónicos. “Nuestro trabajo investigativo parte de la denuncia, y gracias a nuestro sistema informático podemos dar seguimiento a cada caso; Sin embargo, la carga de trabajo es considerable, sobre todo para los agentes que administro, ya que actualmente solo operamos en Tegucigalpa, atendiendo a nivel nacional”, comentó el entrevistado.

Una vez recibida la denuncia, la unidad especializada realiza las investigaciones. Normalmente, la víctima proporciona los dispositivos electrónicos que incluyen conversaciones, fotos y vídeos, que son sometidos a análisis forenses en sus laboratorios. Los informes resultantes se comparten con la Fiscalía, quien luego indica los trámites adicionales a realizar.

“Hacemos hincapié en la identificación y desmantelamiento, especialmente en una red social conocida y otras que también reportan alta incidencia. “Mantenemos relaciones con el BI y otras agencias del Gobierno estadounidense para obtener información y apoyo en la lucha contra el cibercrimen”, destacó.

El jefe policial señaló que los servidores utilizados por estos grupos criminales están alojados en Estados Unidos, lo que facilita la colaboración con autoridades extranjeras para combatir este tipo de delitos.

En operaciones policiales internacionales en curso, Interpol Honduras ha encontrado vínculos entre personas en Honduras y paises sudamericanos y europeos, específicamente los italianos. Esto se ha detectado gracias a números de teléfono, contactos y perfiles sociales encontrados en dispositivos confiscados.

Se han llevado a cabo redadas y convulsionesy análisis forenses han revelado conexiones entre estos extranjeros y hondureños, especialmente en el caso del uso de contenido sexual de menores.

De interés

  • > Se espera que la Unidad Anti Delitos Informáticos del DPI en San Pedro Sula inicie operaciones entre junio y julio. Sería la segunda oficina a nivel nacional. Asimismo, realizan campañas de prevención en centros educativos y universidades.
  • > PI, entre 2018 y 2022, recibió 14 denuncias por chantaje y 11 por amenazas. Al mismo tiempo, el MP reportó una denuncia por amenazas y otra por chantaje, insulto, violación y revelación de secretos.

“Continuamos monitoreando y analizando las redes sociales en busca de material relacionado con la trata de personas, la pornografía infantil y el abuso sexual infantil, lo que sigue siendo una preocupación. “Soy padre de una hija y créanme, no me gustaría para nada que ella pasara por algo así”, expresó.

El objetivo final es económico. Hay dos niveles de participación en esta fase: el estándar, donde en ocasiones se paga una cantidad fija, y el VIP, que implica pagos más elevados, principalmente en casos sexuales que involucran a menores.

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Actualmente hay aproximadamente canales activos en Telegram, destinados a distribuir este tipo de contenido. El número puede ser mayor debido a los subgrupos.

Según investigaciones de Interpol Honduras, cuando son usuarios comunes o inexpertos en la materia, ingenuamente operan desde un teléfono o computadora en su casa u otro lugar, pero cuando son bandas grandes, generalmente contratan servidores y software para ocultar estos contenidos. Aunque ha habido capturas, es difícil desmantelarlas por completo porque hay recambios.

Su investigación revela que las redes Piden desde 4.000 lempiras hacia arriba a cambio de que un usuario proporcione material y entre en grupos “exclusivos”. La cantidad depende del tipo de contenido y el más deseado es el abuso sexual infantil.

La modalidad de tendencia que utilizan para conseguir dinero es a través CRIPTOMONEDASque ya está siendo investigado.

“Hemos visto que personas mayores abusan de menores e incluso de bebés de hasta cuatro o cinco meses”, afirmó el investigador. «Cuando te unes a estos grupos, están esperando que compartas, primero lo prueban, luego se comunican por otro medio, te piden que subas el material a una plataforma desarrollada específicamente por ellos, te envían un enlace, luego descargan lo que depositaste y lo cancelan”, detalló.

Las investigaciones de estos casos duran en promedio un año y el aumento de incidentes se da en la costa norte del país. Informó que para los meses de mayo o junio se espera operacionalizar uno de estos casos y materializar alrededor de 15 en lo que resta del año por delitos de este tipo.

castigo ligero

Denis Díazexperto en materia penal, afirmó que “en nuestra época y con el auge de las redes sociales, las plataformas han generado espacios donde se hacen presentes nuevos mercados, algunos orientados a la venta de productos y servicios y otros al marketing o marketing. provisión de contenido para adultos”.

¿Cómo llegó dicho contenido a estos grupos? ¿Tienen su origen en un acto comercial como la compra y venta? ¿Hasta qué punto una persona tiene derecho a vender o compartir un producto o servicio que ha adquirido a cambio de un pago? ¿es legal? ¿Estoy cometiendo un delito si recibo este tipo de contenido en mi dispositivo sin el consentimiento de la persona?

“Cuando los controles son débiles o ausentes, los comportamientos se normalizan. “Si alguien decide difundir o vender contenido íntimo termina cometiendo el delito”: Denis Díaz, abogado penalista y criminólogo

“No es nada nuevo que las parejas en el marco de la confianza tomar la decisión de compartir imágenes o videos íntimos de ellos mismos o por otro lado videos teniendo relaciones sexuales con sus parejas. Esta práctica, si bien es cierto, nace y se desarrolla dentro de altos niveles de confianza y respeto, no es menos cierto que en muchos casos las parejas se rompen y eso genera la posibilidad de ‘vengarse’ contra ellos», reflexionó el analista y consultor.

“Es importante tener en cuenta que tanto hombres como mujeres venden este contenido sexual, ya sea enviando fotografías o videos a cambio de dinero, recargas telefónicas o cualquier otro objeto o servicio que represente un beneficio. Estas ventas también pueden darse a través de la suscripción a páginas para adultos que comercializan la posibilidad de observar contenidos sexuales de personajes famosos o que consideran que su cuerpo puede generar ingresos económicos, como Onlyfans”, agregó.

Con el fin de obtener y dar respuestas jurídicas a este problema, Díaz realizó un análisis jurídico de nuestra legislación penal vigente. En el Título uno a tres años y multa de 90.000 días.”

El hecho del citado delito recae en el verbo rector de difundir, en este caso, imágenes íntimas sin el consentimiento de quien las genera. Aquí es donde se debe analizar e interpretar gramaticalmente la palabra intimidad. ¿Qué debemos entender por intimidad?

“Las imágenes generadas por la persona y que han sido enviadas a una persona de alta confianza o grupo restringido representan un voto de confianza dado que es contenido íntimo lo que comparten. Si alguien toma la decisión de difundir o vender, incurre en la consumación del delito en virtud de cumplir los dos requisitos necesarios para que se establezca: el primero, la difusión de información, que en este caso se trata de imágenes íntimas, y el falta de consentimiento. de la persona que los originó.

¿Qué ocurre cuando estas imágenes han sido adquiridas mediante un acto puramente comercial? Es decir, la fotografía o video se vende a cambio de 1,000.00 lempiras, por ejemplo. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a difundir contenidos por los que se ha pagado? ¿Cuál es la diferencia entre pagar por un servicio en la plataforma y comprar una imagen o vídeo con contenido sexual? Díaz detalló que «si partimos de un enfoque puramente comercial, cuando compras un producto lo usas, lo disfrutas y lo desechas, pero en este caso, está más que claro que nuestra legislación penal actual ya regula los actos de difusión». siempre y cuando sea sin consentimiento, pero ocurre lo contrario cuando una persona compra y posteriormente difunde”.

¿Este consentimiento inicial puede ampliarse o extenderse a terceros? ¿Puede el comprador inicial de dicho contenido obtener ganancias mediante la reventa de dicho contenido? “La difusión de imágenes o videos se considera delito siempre y cuando se cumplan cada uno de los elementos de la teoría del delito, como acción humana, tipicidad, ilegalidad, culpabilidad y punibilidad”, destacó durante la entrevista.

Desde una visión criminológica del experto, la exposición a una serie de conductas “socialmente aceptadas” representa la normalización de la difusión o venta de dichos contenidos y más aún sin el consentimiento de la persona. En su opinión, esta situación se debe al debilitamiento o ausencia de factores protectores o controles sociales informales, como la familia, la escuela, la iglesia y los amigos.