El Parlamento de Colombia ha dado luz verde a la trascendental reforma laboral promovida por el presidente Gustavo Petro, después de más de un año de discusiones, fracasos y polémicas. Esta legislación representa un acontecimiento significativo en el ámbito laboral del país, al implementar varias acciones para fortalecer los derechos de los empleados, disminuir la informalidad y adecuar las regulaciones laborales a las circunstancias contemporáneas. La aprobación final en el Senado también llevó a Petro a desechar su controvertido «decretazo», mediante el cual había intentado promover un referéndum para superar los obstáculos legislativos.
Un extenso recorrido hasta la autorización
El cambio normativo, encabezado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fue inicialmente introducido en 2023 y desde ese momento enfrentó un complicado proceso legislativo. Después de ser archivado por una comisión del Senado y sufrir diversas modificaciones, el proyecto fue revitalizado y aprobado en las sesiones plenarias de ambas cámaras, logrando superar la conciliación final justo antes del fin del período legislativo. Este logro en el ámbito legislativo se dio en un ambiente tenso, donde el Gobierno buscó superar obstáculos recurriendo incluso a la posibilidad de una consulta popular, lo cual provocó fuertes críticas por parte de la oposición y algunos sectores empresariales.
Mejoras clave para los empleados
La reforma laboral aprobada introduce varios cambios significativos en las condiciones de trabajo en Colombia. Uno de los puntos más destacados es la modificación en los recargos nocturnos: a partir de ahora, la jornada nocturna comenzará a las 7:00 p.m. en lugar de las 9:00 p.m., aumentando así el número de horas con recargo adicional. Además, el trabajo en domingos y festivos pasará a tener una remuneración del 100 %, que será implementada de forma gradual hasta 2027.
Un ajuste significativo es el tope para los contratos a plazo fijo, los cuales ya no podrán prolongarse por más de cuatro años. Esto pretende detener la práctica de renovaciones continuas que perjudicaban la estabilidad de empleo para muchos colombianos. De igual manera, la legislación exige la formalización de los empleados de plataformas digitales, asegurando su acceso a la seguridad social, como el sistema de salud y pensiones.
La reforma también contempla beneficios para los aprendices del SENA, quienes ahora tendrán contratos laborales con acceso a prestaciones sociales como primas, cesantías y vacaciones. Su salario dependerá de la etapa de formación, pero se asegura una remuneración justa y un vínculo formal con el sistema laboral.
Revocación del “decretazo” y respuestas divididas
Tan pronto como se aprobó la reforma, el presidente Petro anunció que retiraba formalmente el decreto que pretendía llevar a cabo una consulta popular respecto al contenido de la ley. Esta acción fue bien acogida por diversos sectores del Congreso que veían ese intento como inconstitucional. No obstante, el jefe de Estado indicó que se podría considerar la inclusión de la reforma laboral en una posible Asamblea Nacional Constituyente en 2026.
La reforma ha generado reacciones mixtas. Mientras los sindicatos y grupos progresistas celebran lo que consideran una victoria histórica para los derechos laborales, los gremios empresariales advierten sobre posibles aumentos en los costos de contratación y riesgos para el empleo formal. Estudios preliminares sugieren que la nueva legislación podría elevar los costos laborales entre un 6 % y un 35 %, lo que ha encendido alarmas en algunos sectores económicos.
¿Qué es lo que sigue?
Con la aprobación legislativa ya consumada, el próximo paso será la reglamentación de la ley a través de decretos del Ejecutivo. Se espera que el Gobierno despliegue una estrategia institucional para fiscalizar su cumplimiento y asegurar que los nuevos derechos lleguen efectivamente a los trabajadores. Al mismo tiempo, el debate político en torno a una eventual Constituyente podría reabrir discusiones sobre el alcance y la sostenibilidad de la reforma. Lo cierto es que, por ahora, Colombia ha dado un paso significativo hacia un nuevo modelo laboral, más inclusivo y actualizado a las demandas del siglo XXI.
