La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una sanción de un millón de euros a LaLiga por la incorrecta utilización de datos biométricos en los estadios deportivos. Este incidente subraya la creciente inquietud acerca de la privacidad y la seguridad de los datos en el sector del deporte, en especial en relación con tecnologías como el reconocimiento facial y la captura de huellas dactilares de los espectadores.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado recientemente a LaLiga con una multa de un millón de euros debido al uso indebido de datos biométricos en los estadios de fútbol. Este caso pone de relieve la creciente preocupación por la privacidad y la protección de datos en el ámbito deportivo, especialmente con respecto a tecnologías como el reconocimiento facial y la recopilación de huellas dactilares de los aficionados.
Aparte de la sanción económica, la AEPD ha dispuesto la interrupción inmediata del uso de estos sistemas biométricos hasta que se pueda probar su cumplimiento con las normativas actuales. Este procedimiento surgió tras varias denuncias de ciudadanos y entidades que cuestionaron la utilización de estas tecnologías en los recintos deportivos, señalando especialmente la falta de claridad sobre su operatividad y la protección de la información recolectada.
LaLiga defendía que la implementación de estos sistemas estaba motivada por razones de seguridad, afirmando que podrían contribuir a impedir la entrada de individuos violentos ya sancionados con prohibiciones. No obstante, la AEPD sostiene que el tratamiento de estos datos carece de una justificación adecuada y que, en lugar de proteger la privacidad, se pone en riesgo la libertad personal de los asistentes al recopilar información altamente sensible sin contar con el debido consentimiento.
Este no es el primer caso vinculado al uso de tecnologías biométricas en el ámbito deportivo. En años anteriores, otros equipos ya habían sido sancionados por implementar sistemas de reconocimiento facial y otras formas de identificación biométrica sin cumplir adecuadamente con las normativas de protección de datos. En este sentido, la AEPD enfatiza que el empleo de tecnologías de identificación biométrica debe ser siempre una medida excepcional, con justificación clara y proporcionada.
Asimismo, el manejo de datos personales biométricos conlleva riesgos importantes para la privacidad de las personas. Estos datos, al ser inmutables, pueden ser utilizados con facilidad para propósitos diferentes a los originales si no se aplican las medidas de seguridad correctas. La AEPD ha resaltado que, para que este tipo de datos se maneje de manera legítima, es esencial realizar un análisis exhaustivo de la necesidad, proporcionalidad y adecuación del proceso; algo que en este caso no se ha llevado a cabo.
Además, el tratamiento de datos personales de carácter biométrico implica riesgos significativos para la privacidad de los individuos. Estos datos no solo son inmutables, sino que también pueden ser fácilmente utilizados para fines distintos a los inicialmente previstos si no se toman las medidas de seguridad adecuadas. La AEPD ha enfatizado que, para que el uso de estos datos sea legítimo, debe realizarse un análisis detallado de la necesidad, proporcionalidad y adecuación del tratamiento, lo que en este caso no se ha cumplido.
Como resultado, la multa y la orden de suspensión de los sistemas de reconocimiento facial y otras tecnologías biométricas en los estadios obligan a LaLiga a reconsiderar su estrategia de seguridad. Además, la resolución de la AEPD establece que, en el futuro, cualquier implementación de este tipo de tecnologías en los estadios deberá cumplir rigurosamente con las normativas de protección de datos, asegurando la transparencia, el consentimiento y la minimización de riesgos para la privacidad de los aficionados.
Este incidente pone de manifiesto la importancia de garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, incluso en entornos tan visibles y populares como los estadios de fútbol. Las autoridades españolas siguen supervisando de cerca el uso de nuevas tecnologías para evitar que el avance tecnológico socave derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales.
