La situación económica de Telefónica del Perú ha llegado a un punto delicado, como lo demuestran las medidas recientes adoptadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) de Perú. Esta institución ha decidido embargar propiedades de la empresa debido a deudas fiscales vinculadas al Impuesto a la Renta correspondiente a los años 2000, 2001 y 2009. El total de estos embargos es de aproximadamente 832.7 millones de soles peruanos, lo que equivale a cerca de 226 millones de dólares. Estas acciones tienen como objetivo garantizar el pago de las deudas tributarias que la compañía aún no ha saldado.
Aunque estas acciones son graves, Telefónica del Perú ha garantizado que sus servicios de telecomunicaciones continuarán sin interrupciones. La compañía destacó que mantener sus operaciones íntegras es fundamental para satisfacer sus compromisos en el procedimiento concursal actual. Este proceso comenzó en febrero de 2025, y busca reordenar sus deudas financieras y asegurar la provisión continua de servicios a más de 13 millones de clientes en todo el país.
La condición económica de la compañía se ha empeorado debido a un fallo de la Corte Suprema del Perú, que dictaminó que Telefónica del Perú debe abonar 854.7 millones de dólares en tributos correspondientes a los años 2000 y 2001. Esta resolución legal ha tenido un efecto considerable en las finanzas de la empresa, afectando su actual estado de insolvencia.
Con el fin de reducir sus obligaciones económicas, Telefónica del Perú fue vendida el 13 de abril de 2025 a la compañía argentina Integra Tec International por cerca de 900,000 euros. En el marco de este convenio, Integra Tec asumió una deuda que supera los 1,200 millones de euros y acordó comprar el 99.3% del capital de la empresa, comprometiéndose a realizar una oferta pública de adquisición por el 0.7% restante.
La venta de la filial peruana se enmarca en una estrategia más amplia de Telefónica para reducir su exposición en América Latina, tras recientes desinversiones en Argentina y Colombia. La compañía ha enfrentado desafíos financieros significativos en la región, incluyendo disputas fiscales prolongadas y decisiones administrativas que han afectado su competitividad en el mercado.
En este momento, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dispone de un período de 90 días laborales, que finaliza el 3 de julio de 2025, para decidir sobre la solicitud de procedimiento concursal presentada por Telefónica del Perú. La autorización de este proceso es esencial para la reorganización financiera de la compañía y para que continúe con sus operaciones en el país.
La condición de Telefónica del Perú muestra las dificultades que las compañías multinacionales encuentran en mercados con regulaciones complicadas y prolongadas disputas fiscales. El desenlace de este asunto podría tener un impacto importante en la inversión extranjera y la estabilidad del sector telecomunicaciones en Perú.
